Ley Arizona y los peligros de la motivación política

julio 14, 2010 en Artículos, Jesús Alberto López González

Para los que vivimos al sur del Río Bravo, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, se ha convertido en la imagen más clara de la intolerancia y la xenofobia que se ejerce cotidianamente contra miles de paisanos que trabajan de manera legal o indocumentada en los Estados Unidos. Es necesario enfatizar la palabra legal, porque la ley impulsada por Brewer, también conocida como SB 1070, otorga facultades a la policía  para detener individuos ante la simple sospecha de “parecer” inmigrantes indocumentados. Dado que en Arizona viven 480 mil personas de origen mexicano que no cuentan con residencia legal y más de 2 millones de origen latino, resulta difícil ocultar el carácter discriminatorio de la SB 1070.

La justificación oficial de la ley es igualmente endeble. Según Brewer, los cárteles mexicanos ligados al narcotráfico, utilizan a los migrantes como “mulas” para introducir droga al país. También afirma que los altos niveles de criminalidad que enfrenta Arizona, tienen relación directa con la inmigración ilegal. Al día de hoy, no existe evidencia empírica sólida que apoye los dichos de la gobernadora. Incluso, el oficial del condado de Pima en Arizona, Jeff Palmer, afirma que es imposible saber si los trabajadores ilegales que cruzan por su demarcación, llevan droga entre sus pertenencias o tienen ligas con el narcotráfico (ver Reforma, 7 de julio 2010).  Tras revisar otros argumentos que la gobernadora ha esgrimido a favor de la ley antiinmigrante, resulta aún más difícil encontrar algún tipo de coherencia racional o científica que la justifique. Luego entonces, sugiero ubicar sus explicaciones en otro tipo de racionalidad: la de orden político-electoral.

Por esa ruta, encontramos que la popularidad de la gobernadora aumentó 22 puntos porcentuales desde la aprobación de la SB 1070 en abril de este año. De hecho, Brewer se perfila hacia una reelección sin contratiempos, ya que hasta sus rivales republicanos, Buz Mills y Dean Martin, suspendieron sus respectivas campañas para despejarle el camino.  Este incremento de popularidad, sobre todo entre un sector aun mayoritario de la población norteamericana conocida como WASP (blancos anglosajones protestantes), ha hecho que procuradores de otros estados de la Unión se sumen a la defensa de la iniciativa anti-inmigrante. En esa lista encontramos a Alabama, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Florida, Michigan, Nebraska, Pensilvania, Texas y Virginia.

Es muy delicado que ante la expectativa del partido republicano por recuperar el control del congreso en las elecciones de noviembre próximo, existan políticos que vean en la institucionalización del acoso a los inmigrantes y la estigmatización de mexicanos y latinos, una oportunidad para elevar sus bonos electorales.  Alimentar la hoguera de la división étnica en un país forjado por inmigrantes, puede resultar mucho más costoso que perder una simple elección. En todo caso, existen formas más honorables de ganar la confianza de la gente.