Veracruz y el Cambio Climático

noviembre 11, 2010 en Artículos, Esmeralda García Ladrón de Guevara

El Estado de Veracruz es una zona vulnerable, con poco más de 71 mil km2 de extensión territorial y siendo una entidad litoral con 15 afluentes fluviales de importancia, nuestros municipios sufren constantemente tanto de huracanes como de ciclones, tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor e incluso fríos intensos.

Ante las exigencias nacionales e internacionales de protección del medio ambiente y la necesidad de respuestas oportunas ante los retos del cambio climático, resulta ineludible para toda autoridad pública estructurar sus acciones en la materia.

Existen esfuerzos importantes como el Programa Veracruzano ante el Cambio Climático y la aprobación de la reciente Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático, primera en su género en el país. Dentro de los contenidos expuestos por esta ley destacan la reducción de emisiones, la reforestación, la utilización de energías limpias, manejo de residuos sólidos, el replanteamiento del uso de suelo e incluso la creación del Consejo Estatal para el cambio climático.

Ante cualquier desastre natural se pone en juego la capacidad de respuesta de los agentes del Estado. La administración pública local es la responsable de construir y legitimar un buen gobierno, del mantenimiento de la estabilidad política y de la resolución de los conflictos emergentes en atención a las necesidades legítimas del pueblo veracruzano ya sea en las actividades productivas –industria, campo, ganadería, comercio y servicios-, vías de comunicación, vivienda, salud, educación, entre otras.

¿Qué hacemos cuando encontramos una distancia abismal entre las necesidades de nuestros pobladores y los servicios municipales que podemos ofrecer?, ¿Cómo enfrentar un ambiente en el que se entremezclan incapacidades institucionales y financieras en nuestras administraciones?

Considero que debemos partir de una premisa ineludible: no todo es responsabilidad del gobierno federal o estatal, hay cosas que podemos hacer al interior de nuestros municipios. Resultan vitales las labores de evaluación, diagnóstico, prevención y organización.

Realizar acciones responsables requiere de información confiable, los estudios de impactos socioeconómicos y ambientales son inaplazables. En segundo término, la definición de una agenda de seguridad a través del establecimiento de prioridades regionales; el reconocimiento y la asignación de tareas a servidores públicos; la organización de la población civil; y la comunicación de emergencia tanto institucional como comunitaria antes, durante y después de una catástrofe son labores urgentes.

Por último, debemos dar respuesta a una inquietud predominante en todo servicio público: el financiamiento. Hemos observado los incomprensibles retrasos de liberación de recursos de fondos para desastres o de partidas presupuestales para enfrentarlos. Invitaría a los responsables públicos y sociales a que vean como una alternativa la elaboración y presentación de proyectos de desarrollo o rehabilitación ante organismos internacionales regionales y universales, mismos que pueden proveer de fondos que auxilien en la prontitud y eficacia de nuestras respuestas. No busquemos pretextos sino soluciones.