La Libre Circulación en Europa

septiembre 2, 2010 en Artículos, Esmeralda García Ladrón de Guevara

El desmantelamiento de 128 campamentos ilegales de gitanos y la aparente expulsión del territorio francés de 977 de sus ocupantes durante el mes de agosto, ha abierto un intenso debate sobre la discriminación contra los grupos rumaníes –rumanos, búlgaros y checos- y la violación del derecho a la libre circulación de personas en el territorio europeo.

La conformación del Consejo de Europa en 1949 para la procuración regional de la cooperación económica, social, cultural, científica, jurídica y administrativa, y la protección y mejora del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, fue un antecedente crucial de un proyecto hoy conocido como Unión Europea que, respetando la soberanía nacional y la identidad política, establecería garantías colectivas.

La libertad de circulación es una prerrogativa consolidada en numerosos instrumentos europeos, cabe mencionar el Acuerdo y el Convenio de Schengen de 1985 y 1995 respectivamente y la Directiva Europea de 2004, en los que se eliminan los controles de las fronteras interiores y se fortalecen las fronteras exteriores de los países signatarios; desafortunadamente, no por ello desaparecerían los conflictos migratorios.

La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en vigor desde 1953, contempla en su artículo 5°, fracción e) que, la libertad y la seguridad son derechos que mantienen los ciudadanos europeos salvo si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible a propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.

A simple vista, estos contenidos bien podrían considerarse como discriminatorios pero son consistentes con la historia europea y con la amenaza que podrían significar las oleadas migratorias entre los miembros. La corresponsabilidad europea de proveer un ambiente social, laboral y económico estable a sus ciudadanos es improrrogable, lección que deberíamos aplicar en toda línea fronteriza. Frenar los flujos de personas no dependerá de la divulgación de todos los males que sufrirán aquellos que dejen el territorio sino la generación de mejores oportunidades que los desmotiven de salir de sus países de origen.

Todo país que pertenece a la Unión Europea otorga el derecho de residencia siempre y cuando el ciudadano disponga de recursos adecuados para no convertirse en una carga para los programas de asistencia social de los Estados miembros y cuente con la cobertura de un seguro; además, de las ya conocidas excepciones relacionadas con el orden público, la seguridad y la sanidad.

Francia mantiene una cláusula laboral –extensible hasta el 2014- a los términos de libertad de circulación, en la que para poder quedarse legalmente en el país, todo migrante deberá contar con un permiso de trabajo después de tres meses de ingreso al territorio. Según datos del Ministerio de Inmigración, los actos de delincuencia en París perpetrados por rumanos aumentaron un 259% en año y medio, planteando la posibilidad de codificar la ‘mendicidad agresiva’ y el ‘robo reiterado’ como criterios para proceder a una expulsión, lo que inclina la opinión internacional hacia la estigmatización oficial de una comunidad.

No obstante, no se ha dado el debido reconocimiento a las iniciativas francesas sobre la figura del retorno voluntario que provee de transportación aérea y ayuda económica a los migrantes, o qué decir de la propuesta ante la Comunidad Europea de realizar planes para reintegrar la comunidad gitana –aproximado de 10 millones de personas- a sus países de origen con apoyos para su educación, asistencia médica, ingreso laboral y alojamiento. Lo que abre el debate sobre la existencia de ¿medidas justas o necesarias?