Drogas y Política

febrero 25, 2011 en Ángel Porfirio Romero González, Artículos

Durante los últimos meses se ha suscitado en nuestro país un debate entre la clase política y la opinión pública en general, acerca de la conveniencia de legalizar o no el empleo de ciertas substancias prohibidas que alteran la conciencia y el comportamiento de la población. Debate, que sin lugar a dudas, se ha abierto a partir del grave proceso de descomposición de la seguridad pública en nuestra sociedad.

Así, siempre a la vanguardia, algunos de nuestros brillantes intelectos sugieren la necesidad de modificar la normatividad imperante que prohíbe su producción, comercio y consumo, por otra más flexible que desaliente el crecimiento de las empresas delictivas que se dedican al lucrativo negocio. Otros, por supuesto, opinan que la legalización de ciertas substancias sólo acarrearía más problemas de los ya existentes. Sin obviar las claras intenciones políticas de los discursos “legalizadores” de las oposiciones partidistas y que apuntan al descrédito de las acciones ejercidas por el gobierno federal, el asunto reviste de una mayor complejidad que el señalado por nuestro habitual oportunismo político.

Pocos en verdad, se han tomado la molestia de profundizar sobre los orígenes del problema. Como es sabido, los imaginarios colectivos y los inconvenientes reales que acompañan al uso de drogas, no parten en forma alguna de la sociedad mexicana: son el resultado de una serie de circunstancias y confluencias históricas emergidas a finales del siglo XIX y que tuvieron como epicentro las contradicciones económicas y sociales imperantes en los Estados Unidos de América. En aquellos años, el consumo de todo tipo de estupefaciente era una práctica habitual y legal entre sus ciudadanos, ya fuera por cuestiones terapéuticas o recreativas.

No obstante, poco después, lo habitual comenzó percibirse como peculiaridad que había que eliminar: la pureza moral y productiva norteamericana debía prevalecer en concordancia a su recién ascensión imperial. Los anglosajones blancos protestantes, no podían ser parte del “mal”, de la delincuencia y la decadencia social (no es una casualidad que a partir de los años sesentas, a los drogadictos se les cataloga como “enfermos”, dignos de ser redimidos clínicamente por el Estado), sino las minorías raciales que comenzaban a poblar la inmensidad del espacio estadounidense: negros, chinos o mexicanos fueron señalados y estigmatizados como los verdaderos portadores de la corrupción del cuerpo físico y social. La era de la prohibición al consumo de drogas iniciaba su accidentado camino.

La historia es larga e interesante, imposible de contar en unas cuantas líneas. Lo que si podemos afirmar es que a partir de ahí, la percepción y la exposición mediática recayó, naturalmente, a la producción y al traslado de las substancias y no a su ingesta. Es más, el consumo de drogas en México, todavía hacia la década de los ochentas era irrelevante, pero su importancia política en la agenda bilateral con el vecino del norte, mayúscula.

En todo caso, la política de “law enforcement” que sobre el tópico realizaron las administraciones estadounidenses (simbolizada bajo el paradigma “wars on drugs”), junto con los avances y transformaciones tecnológicas en los procesos de producción e intercambio, desembocaron en la apertura de nuevas formas de mercadeo por parte de los cárteles: nuestro país ya no sólo producía y trasladaba substancias “demoniacas”, sino que también comenzaba a consumirlas. De esta forma, los inconvenientes ya no se circunscribían sólo en lidiar y solventar las demandas y presiones norteamericanas, sino también en resolver los procesos de violencia al interior de la nación.

El asunto de las drogas en México no consiste, en estricto, en su creciente consumo (como repiten los políticos), sino en la ingobernabilidad surgida a partir de la profesionalización y competitividad de las empresas delictivas. Pensar en legalizar su uso es de un oportunismo demagógico que raya en la charada (o en la estupidez de los ingenuos), si no se asume que la contrariedad que nos agobia transita primero por la instalación de la equidad económica y el orden institucional del poder. Lo demás, es técnicamente ilusorio.