La punta del Iceberg de la Corte

enero 21, 2011 en Ángel Porfirio Romero González, Artículos

En las últimas semanas, en la Ciudad de Xalapa, se ha suscitado un pequeño alboroto con motivo de la obligación impuesta a las escuelas públicas locales de realizar los pagos correspondientes por el uso de los servicios de agua y alcantarillado que presta el Ayuntamiento.

La cuestión, en lo corto, radica en que el órgano de gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento sostiene que la decisión del cobro tributario no es una imposición arbitraria, sino una simple derivación normativa de la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de este año, y a la cual, deben de apegarse. De manera opuesta, las autoridades de los centros educativos de la región expresan su desacuerdo y preocupación por la situación que se les presenta, ya que, a las tradicionales carencias de recursos, infraestructura y materiales didácticos necesarios y adecuados para el buen desarrollo de sus trabajos (por no mencionar, las posibles consecuencias sanitarias negativas), se agrega ahora el desembolso de una parte importante de sus raquíticas partidas presupuestales.

Pero intentemos analizar el asunto. Por una parte, se podría decir que la interpretación de la Corte es consecuente con las reformas del artículo 115 constitucional realizadas en 1999, en donde se precisa lo no precisado con anterioridad: la plena libertad hacendaria, administrativa y de planeación de las entidades municipales. De ahí, que las propiedades administradas como bienes inmuebles por los tres niveles de gobierno no quedan exentas del pago de los servicios que les presta los ayuntamientos. Visto desde cierto ángulo, esto representaría un avance positivo en el desarrollo de nuestro tradicional federalismo centralizado.

Sin embargo, no debemos ser tan optimistas. El criterio señalado por la Corte no expresa en modo alguno un intento de reacomodo o rediseño interinstitucional entre niveles de gobierno; como tampoco un compromiso por adelantar nuestro pobre regionalismo (o alejarse del repetido prurito de apegarse de manera “irrestricta” al Estado de derecho), sino más bien, realza los extraños atavismos políticos de nuestro sistema. Que tuvieran que pasar más de diez años para que los ministros llevaran a la realidad obligaciones estipuladas constitucionalmente, sólo demuestra el acuerdo (¿contubernio?) de nuestro más alto Tribunal con los gobiernos centrales en turno para activar sus amplias facultades jurisdiccionales, al tiempo que patentiza el oportunismo de las nuevas administraciones estatales y municipales para hacerse de recursos y enfrentar el inmenso dispendio que se hizo de los mismos por cuestiones electoreras.

En apariencia el gesto de la Corte, fundado en su calidad máximo intérprete y “guardián” de la constitución, señalaría que la ruta hacia una efectiva división de poderes de la Republica y su balance continúa de manera irresistible. No obstante, la compleja realidad de nuestro sistema político nos arroja por otros derroteros menos esperanzadores: la pugna por el predominio político mediante el uso de una Corte sumisa y conservadora. Mientras el PRI mantuvo la hegemonía política de la nación, los municipios eran simples gobiernos ilusorios, sin personalidad jurídica y mucho menos, hacendaria. La alternancia, créanme, no ha cambiado las cosas.

Con una vehemencia que nos conmueve hasta las lagrimas, nuestros ministros se han dedicado a resolver controversias entre órganos de gobierno, imponer declaraciones generales relativas a la constitucionalidad de las normas, atraer juicios de amparo que revistan “interés y relevancia para la nación”, así como de formular declaratorias que protejan la estabilidad económica del régimen. Pero lejos de mantener la Corte un comportamiento políticamente neutro, sus decisiones se pierden en las profundidades de los intereses oligárquicos predominantes, y sólo en la punta del iceberg, se hace notoria su envanecida y vanagloriada independencia y autonomía.

Más vale que nos vayamos acostumbrando a la exquisita simulación de nuestra institución de justicia, cosa que dudo mucho, -si pensamos en nuestros ancestrales hábitos culturales-, nos cueste trabajo alguno.