La Supremacía Constitucional y los Derechos Humanos

marzo 22, 2012 en Alejandro De la Fuente, Artículos

La palabra Supremacía proviene del latín supremus y que significa situado arriba o por encima,  En este tenor, el Diccionario Jurídico Mexicano, define al principio de supremacía constitucional como la “cualidad de la Carta Magna de fungir como la norma jurídica positiva superior que da validez y unidad a un orden jurídico nacional, este término es igualmente aplicable en los sistemas de Constitución consuetudinaria, de igual manera este catalogo de acepciones, señala a la Constitución como la fuente ultima de validez de un orden jurídico, de tal suerte que para que una norma jurídica cualquiera sea válida, requiere encontrar dicho fundamento de validez, en su conformidad con el conjunto de normas superiores y, en última instancia con la Constitución, esta conformidad puede referirse únicamente a los aspectos formales, es decir, el procedimiento de elaboración de una norma jurídica, o incluso al contenido de la misma”.

Hans Kelsen en su obra la Teoría Pura del Derecho señalaba que basta con que la conformidad sea formal para que la norma inferior sea válida, cualquiera que sea su contenido. De esta manera, la Constitución rige el proceso de la producción de las normas jurídicas, que integran un orden jurídico determinado.

Diversos autores coinciden en el sentido de que el verdadero valor de una Constitución reside en el hecho de que exista un control jurisdiccional de su propio contenido y que sea oponible a quien ejercita el poder en calidad de autoridad, por ello es que existe o puede existir diversidad en el interés de los órganos encargados de preservar el texto constitucional y su cumplimiento y aquellos encargados de desarrollar su contenido.

Este tipo de diferencias hace que se defina la preeminencia entre los aspectos democráticos de la representación popular frente a la jurisdicción derivada de la aplicación e interpretación del texto constitucional, pero siempre, en cualquiera de ellos, con un gran ámbito de corte proteccionista pro homine.

De lo anterior, se desprende que nuestra Ley suprema, es la que debe regir la conducta de todos los poderes y de todos los funcionarios públicos en los distintos niveles, tanto federales como locales, de tal manera que deben ajustar sus actos, así que, antes de decidirlo deben asegurarse de que estén apegados a la Ley fundamental. Ahora bien, en el supuesto de que esto suceda y que el acto realizado sea inconstitucional, existen los medios de control constitucional de orden centralizado y esta defensa estaría a cargo del Poder Judicial de la Federación, pero también están los de carácter difuso y que corresponden a todos los jueces incluyendo a los locales de preferir en la aplicación y decidir que normas privilegian derechos humanos y dejar de aplicar las que no.

De lo antes expuesto se concluye que todas las autoridades deben ajustar su actos a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, pero también los particulares, porque cualquier acto contrario a ellos sería considerado un acto de discriminación o contrario al objeto del estado mexicano, lo cual no es una gracia sino una obligación, del mismo modo que los actos de las autoridades son siempre en el sentido proteccionista del ser humano, también lo deben ser el de los particulares, por lo que el futuro que se prevee es de mejoría y desarrollo integral de la población.