Alimentos inseguros. ¿Complicidad internacional?

julio 29, 2010 en Artículos, Esmeralda García Ladrón de Guevara

Las normas sanitarias y fitosanitarias tratan de medidas que los países establecen a fin de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal frente a ciertos riesgos que no existen en su territorio, esto incluye: procesos de producción, uso de pesticidas, fertilizantes, pruebas de laboratorio, inspecciones sanitarias, certificaciones, regímenes de cuarentena y determinación de zonas libres de plagas y enfermedades.

¿Por qué hablar de estás medidas? Primero: por su uso frecuente ya sea bajo una modalidad ‘preventiva’, ‘reactiva’ o incluso ‘creativa’ por no decir ‘inventiva’. Segundo: porque pese a su carácter técnico y científico poseen una gran carga de subjetividad. Tercero: porque Veracruz es uno de los estados con más bajo cumplimiento de las mismas.

Las normas sanitarias y fitosanitarias son normativas muchas veces ignoradas, simplificadas y mitificadas, salvo por las acciones que responden a restricciones coyunturales evidentes de acceso a los mercados. Existe una vulnerabilidad instrumental internacional al depender primordialmente de los lineamientos emitidos por Agencias de los Estados Unidos de América como la Agencia de Alimentos y Drogas (FDA), El Departamento de Agricultura (USDA) y Agencia de Protección Ambiental (EPA) suponiendo su alta efectividad.

La presencia de propuestas por parte de la Organización Mundial de Comercio a través del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS); el Codex Alimentarius bajo la coordinación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; la Organización Mundial de Sanidad Animal; la Oficina Internacional de Epizootias; o incluso, el ISO8412 concentran esfuerzos que velan un avance fallido en al armonización o incluso un uso relativo del concepto de equivalencia, dejando la posibilidad de que cada país tome medidas más rigurosas o ad hoc, en tanto exista una prueba ‘técnica’ que lo sustente.

Existe un hecho evidente, el otorgamiento de certificados sanitarios y la realización de inspecciones se han convertido en labores de unos pocos. Las agencias tienen numerosas tareas y requieren de entidades muy especializadas que las auxilien. Las declaraciones que emiten los laboratorios poseen validez gubernamental, pero la veracidad de sus juicios es difícil de comprobar, pues la escasez de recursos públicos evita una vigilancia estrecha en el cumplimiento de las tareas asignadas.

¿Qué hacer cuando la comunidad científica no tiene un criterio unificado sobre los efectos en la salud humana y en la biodiversidad de alimentos como los transgénicos?, ¿cómo actuar cuando las asociaciones científicas cuentan únicamente con el patrocinio empresarial de las empresas que ‘vigilan’?, ¿Cómo interpretar la objetividad relativa a la cientificidad descrita en el artículo 5 del Acuerdo SPS?

Concluyo con la aseveración de que ni la ciencia es imparcial. La tendencia político normativa bajo la complejidad técnica tiende a generar desconfianza, arbitrariedad y poca transparencia, aún cuando su propósito gestacional sea necesario e indispensable. Al menos, en el área sanitaria y fitosanitaria seguirá sosteniéndose un área gris entre proteccionismo y protección mientras no se tome con seriedad y compromiso la armonización internacional y la responsabilidad empresarial.